Discapacidad: el Gobierno anuncio aumento, pero prestadores denuncian una «limosna disfrazada»
ANDIS oficializó un incremento de hasta 35% en tres tramos para los prestadores, buscando superar la inflación. Sin embargo, la medida fue fuertemente rechazada por organizaciones, que la consideran «insuficiente» y exigen la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, actualmente suspendida por el Ejecutivo.
El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), anunció un aumento que oscila entre el 29% y el 35% en los valores del nomenclador para los prestadores de discapacidad. La suba, que se aplicará en tres tramos sucesivos entre octubre y diciembre de 2025, fue materializada por una decisión administrativa de Jefatura de Gabinete. ANDIS destacó que la medida busca «fortalecer el sistema de atención, garantizando que las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada» y reconociendo el compromiso de los profesionales que brindan servicios esenciales como internaciones, transporte y rehabilitación.
A pesar del anuncio, la respuesta del sector no se hizo esperar. Un comunicado de «Prestadores Unidos» calificó la medida como un «retroceso institucional y una vulneración directa de los derechos», y tildó los incrementos de «escalonados e insuficientes» y una «limosna disfrazada de decisión técnica». La crítica central se dirige al Decreto 681/25, que detuvo la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada y promulgada recientemente, hasta que el Congreso defina la fuente de los fondos.
El colectivo de prestadores sostiene que «la ley no puede quedar suspendida por decisiones administrativas» y que el Gobierno está dejando de cumplir su «obligación constitucional». El sector denuncia que miles de personas con discapacidad tienen sus terapias, transporte y apoyos amenazados, y que la problemática no se resuelve con «porcentajes diferidos ni con parches administrativos». La emergencia, insisten, requiere la aplicación efectiva e inmediata de la ley para garantizar la sustentabilidad del sistema y la dignidad de las personas, criticando que el impacto real de los aumentos anunciados recién se verá en 2026, perpetuando un modelo de precarización y abandono.