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Solicitan informes al municipio por el impacto ambiental y el uso del espacio público en Punta Cantera II

PUNTA CANTERAS MDP
PUNTA CANTERAS MDP

La concejal Melisa Centurión, representante del bloque Acción Marplatense – Movimiento Derecho al Futuro, presentó formalmente un pedido de informes ante el Concejo Deliberante para solicitar al Ejecutivo Municipal detalles precisos sobre el desarrollo de la Unidad Turística Fiscal (UTF) Punta Cantera II. La iniciativa legislativa busca transparentar el estado de las obras y el cumplimiento de las normativas ambientales y urbanísticas por parte de la firma concesionaria Eve Inversiones y Proyectos S.A., poniendo especial énfasis en la infraestructura sanitaria y la preservación del patrimonio costero marplatense.

El proyecto de comunicación requiere información sobre la existencia de un estudio de impacto ambiental aprobado y la ejecución de las obras de cloacas necesarias, elementos que la edil considera críticos debido a la ubicación de los emprendimientos a escasos metros de la línea de mar. Específicamente, el documento demanda aclarar el carácter de las doce cabañas y diez habitaciones tipo hotelera que se proyectan en el sector, cuestionando si estas estructuras estaban expresamente previstas en el pliego de bases y condiciones original y si poseen las habilitaciones edilicias correspondientes para su emplazamiento definitivo.

Otro eje central de la propuesta es la distribución del espacio de arena. Centurión advirtió sobre la importancia de garantizar un equilibrio que resguarde el acceso público al frente costero, evitando que las concesiones se transformen en enclaves cerrados que segreguen el uso común de la playa. Según la normativa vigente, el Estado debe asegurar la continuidad espacial y evitar la instalación de barreras físicas que impidan el libre tránsito.

Al fundamentar la iniciativa, la concejal subrayó que el control estatal sobre los bienes comunes no es una facultad optativa, sino una responsabilidad institucional indelegable. Centurión remarcó que el municipio tiene la obligación de fiscalizar que el avance de la actividad privada en la costa no se realice en detrimento del medio ambiente ni de la accesibilidad pública.

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