Venezuela impulsa una Ley de Amnistía General y anuncia el cierre del Helicoide como centro de detención
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó el proyecto que busca cubrir el período de violencia política desde 1999 hasta la actualidad, exceptuando delitos graves. En un giro simbólico, el emblemático edificio del Helicoide será transformado en un complejo social, deportivo y cultural para la comunidad y las familias policiales.
En el marco de la apertura judicial 2026, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una serie de medidas de alto impacto político orientadas a la «reconciliación nacional». El anuncio central fue la creación de una Ley de Amnistía General, que será remitida a la Asamblea Nacional con el objetivo de sanar las heridas de la confrontación política registradas en el país durante los últimos 25 años. Rodríguez subrayó que este beneficio no alcanzará a procesados o condenados por homicidio, tráfico de drogas, corrupción ni violaciones graves de los derechos humanos, manteniendo el foco en la convivencia democrática y el cese del extremismo.
Durante su discurso en el Tribunal Supremo de Justicia, la mandataria vinculó esta iniciativa con los recientes sucesos del 3 de enero de 2026, calificándolos como una agresión militar externa y una violación flagrante del derecho internacional tras el secuestro de Nicolás Maduro. Rodríguez rindió homenaje a los ciudadanos venezolanos y cubanos caídos en dichos enfrentamientos y defendió la legalidad de las instituciones frente a lo que describió como condiciones de gran desigualdad. En este contexto, llamó a una consulta nacional para reformar el sistema judicial, buscando garantizar que la justicia sea el pilar de la soberanía y la paz en el país.
Como parte de este programa de pacificación, se confirmó que las instalaciones del Helicoide dejarán de funcionar como centro de detención. El recinto, históricamente asociado a la reclusión política, será reconvertido en un espacio de integración social, comercial y deportiva bajo la coordinación de la Comisión por la Convivencia Democrática y la Paz. Con estas decisiones, el Gobierno asegura materializar el espíritu de los exmandatarios Hugo Chávez y Nicolás Maduro, apelando a la pluralidad y al respeto mutuo para garantizar la estabilidad institucional de la nación.
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