Discapacidad en crisis: denuncian que la reglamentación de la emergencia es una ‘simulación’ burocrática
El pasado 4 de febrero el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 84/2026, reglamentando finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793). Si bien la publicación del decreto cumple con la intimación judicial que pesaba sobre el Ejecutivo, desde el colectivo «Prestadores Unidos Mar del Plata» advirtieron que la reglamentación no resuelve la crisis de fondo. Según denuncian, el texto reconoce una compensación económica por el año 2024, pero omite fijar montos, porcentajes o mecanismos transparentes de cálculo, dejando la reparación en una nebulosa burocrática.
El principal punto de conflicto reside en la exclusión del año 2025 de cualquier esquema de reparación. Para las instituciones y profesionales del área, el 2025 fue el periodo en que el sistema estuvo al borde del colapso total, con centros de atención cerrando sus puertas, aranceles pulverizados por la inflación y familias obligadas a costear tratamientos con recursos propios. «No hay reconocimiento del daño para el año que más castigó al sector», señalaron los prestadores, quienes consideran que la omisión de este periodo profundiza la precarización de los servicios y pone en riesgo la continuidad de los tratamientos para miles de personas.
A este panorama se suma el reciente anuncio de una actualización del nomenclador nacional de apenas el 5% para el mes de febrero. Para el sector, este incremento resulta insignificante frente a los costos operativos que se multiplicaron y la inflación acumulada. El gremio local sostiene que esta cifra no constituye una «actualización real» ni una respuesta acorde a una emergencia declarada por ley, calificándola de simulación administrativa que no permite que el sistema «respire» ni garantiza la sostenibilidad de las instituciones.
Finalmente, la denuncia hace foco en las barreras burocráticas que impone la nueva reglamentación. El acceso a las compensaciones previstas implica trámites engorrosos y documentación exhaustiva que recae sobre un sector ya agotado. Desde Mar del Plata, prestadores y familias sostienen que la emergencia no se resuelve únicamente en el Boletín Oficial, sino a través de la garantía efectiva de los derechos. Advierten que, mientras el Estado administre la información y los recursos con lógica burocrática, se seguirá vulnerando la vida cotidiana de las personas con discapacidad y de quienes sostienen el sistema.
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