El día que los marplatenses fuimos olvidados por una interna sindical y la pasividad municipal

El viernes por la tarde, Mar del Plata volvió a ser el escenario de una película repetida, pero no por eso menos indignante. Entre las 13:00 y las 17:30 horas, la ciudad sufrió un apagón del transporte público que no respondió a una catástrofe climática ni a una huelga por reclamos salariales, sino a un acto interno de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Con total hermetismo y sin un solo aviso previo, miles de marplatenses se convirtieron, una vez más, en rehenes.

La abrupta reducción del servicio cayó como un balde de agua fría en el peor momento posible: la hora pico escolar y laboral de la tarde. De un minuto a otro, las paradas de las avenidas Luro e Independencia —y de cada barrio de la ciudad— se llenaron de incertidumbre. Padres y madres de familia, que salían de sus trabajos con el tiempo justo, y cientos de estudiantes de escuelas públicas y privadas quedaron literalmente a la deriva en las veredas, esperando un colectivo que nunca iba a llegar.

El malestar social fue inmediato y profundo. La falta de comunicación no fue un error de coordinación; fue una decisión de ocultamiento que demostró un desprecio absoluto por el ciudadano de a pie.

En medio del desamparo de los usuarios, la gravedad de la situación dejó al descubierto una alarmante desidia por parte de la Municipalidad de General Pueyrredon. Siendo las 13:30 horas, cuando el caos ya se sentía con fuerza en las calles y los colectivos comenzaban a desaparecer, las autoridades municipales ni siquiera estaban al tanto de la situación.

Posteriormente, la administración del intendente Agustín Neme se limitó a ratificar que no había recibido ninguna notificación legal ni pedido de autorización formal. Sin embargo, la respuesta institucional no pasó de esa justificación burocrática: desde el Palacio Municipal no se emitió ningún pronunciamiento público de repudio, no se anunciaron sanciones inmediatas y el silencio oficial frente a la crisis fue absoluto. Esta falta de reacción dejó en claro que el control municipal falló por completo en su rol básico de fiscalizar y garantizar el transporte de los ciudadanos.

Un acto político a costa de los usuarios

Mientras las calles eran un caos de filas interminables y padres buscando alternativas desesperadas para retirar a sus hijos de los colegios, la sede de la UTA en la calle Belgrano se ponía por encima del orden público. Minutos después de las 14:00, decenas de unidades de transporte —esas mismas que debían estar recorriendo los barrios— se concentraron de manera inusual en los alrededores de la sede para apuntalar la campaña del secretario general, Maximiliano Escriba, de cara a las elecciones internas del gremio.

Lo más grave de la jornada fue el estricto silencio con el que se manejó la situación:

• El Sindicato (UTA): Optó por ignorar las consultas periodísticas y mantener un hermetismo absoluto, priorizando la movilización de su aparato político por encima de su responsabilidad social.
• Las Empresas Concesionarias: No emitieron ningún comunicado preventivo, siendo cómplices por omisión al permitir que los choferes y las unidades abandonaran sus recorridos habituales de un minuto al otro.

A partir de las 17:00 horas, los colectivos empezaron a asomar nuevamente, muchos con sus carteles indicadores apagados, volviendo a sus cabeceras casi de manera clandestina. El servicio comenzó a normalizarse paulatinamente, pero el daño —y la indignación— ya estaban hechos.

La jornada del viernes dejó una certeza amarga en la ciudad: el transporte público ha dejado de ser un derecho garantizado por el Estado, transformándose en una moneda de cambio que se utiliza a su antojo y las empresas permiten, todo bajo la mirada pasiva y el silencio cómplice de un municipio que no controla.

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