El Gobierno oficializó el nuevo régimen para estatales: prohibición de contrataciones y ajuste laboral
Los decretos 1148/2024 y 1149/2024 limitan nuevas designaciones en el sector público, priorizando despidos y evaluaciones estrictas para futuras incorporaciones. Más de 57 mil trabajadores enfrentan incertidumbre laboral al no saber si les renuevan los contratos.
El Gobierno Nacional, liderado por el presidente Javier Milei, publicó los decretos 1148/2024 y 1149/2024 en el Boletín Oficial, marcando un cambio significativo en las políticas de empleo público. Las nuevas normativas prohíben las contrataciones en el sector estatal, con excepciones para áreas estratégicas, y establecen evaluaciones de idoneidad como requisito para futuras designaciones.
El decreto 1148/2024 dispone que solo podrá realizarse una nueva incorporación por cada tres bajas, como renuncias o jubilaciones. Además, toda contratación deberá contar con la aprobación de la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público. Áreas como ciencia, tecnología, seguridad y manejo del fuego están entre las excepciones permitidas, junto con el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad.
Por su parte, el decreto 1149/2024 introduce una Evaluación General de Conocimientos y Competencias para quienes deseen ingresar al Estado. Aquellos que no cumplan con este requisito solo podrán ser contratados de manera excepcional hasta marzo de 2025. Además, los contratos temporales no podrán extenderse más allá de junio del mismo año.
Este 31 de diciembre, más de 57 mil trabajadores estatales enfrentan el vencimiento de sus contratos, generando un clima de incertidumbre en distintas dependencias públicas. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Secretario General Rodolfo Aguiar exigió la renovación de los contratos y denunció la precarización laboral. “El Gobierno debe garantizar la continuidad laboral y cesar los despidos masivos”, declaró.
La reestructuración también afecta la estructura estatal, con la reducción de ministerios a solo ocho y el cierre de organismos como el INADI, INAI e INJUVE. Instituciones científicas y regulatorias como el Conicet, ANMAT e INCUCAI enfrentaron recortes de personal significativos.
El Ejecutivo argumenta que estas medidas buscan optimizar recursos y reducir el gasto público, mientras que sindicatos y trabajadores denuncian que profundizan la precarización y el desmantelamiento del Estado.
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