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Conformarán una comisión especial para analizar modificaciones al pliego de transporte en el Concejo Deliberante

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La Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante resolvió conformar una comisión especial de trabajo para analizar modificaciones al pliego de licitación del transporte público de pasajeros por un plazo de 20 años. La moción, presentada por el titular de la comisión, Guido García (Coalición Cívica), plantea abrir un ámbito de tres encuentros con la participación de un miembro por bancada y funcionarios del gabinete municipal para consensuar un despacho definitivo antes de su votación final.

La metodología adoptada generó fuertes objeciones dentro del arco opositor y tensiones en el propio oficialismo. Desde el bloque de Unión por la Patria, los concejales Pablo Obeid y Mariana Cuesta advirtieron que la creación de este espacio paralelo carece de sustento reglamentario, señalando que el artículo 51° del reglamento interno del cuerpo exige un decreto formal del Legislativo con misiones y funciones expresas para conformar comisiones especiales. Asimismo, reclamaron que los responsables técnicos del Ejecutivo asistan de manera directa a la comisión permanente para evacuar las dudas existentes.

Por su parte, el concejal Horacio Taccone (Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro) criticó el contenido técnico del pliego oficial y exigió la convocatoria a una audiencia pública ciudadana. El edil cuestionó que se autorice una antigüedad máxima de hasta 10 años para las unidades y remarcó la distorsión económica en la fórmula de costos, donde se prevé un consumo estimado de 39 litros de gasoil cada 100 kilómetros frente a los 35 litros registrados en esquemas previos. Según sus cálculos, la combinación de estos factores y el kilometraje proyectado podría elevar el costo técnico del boleto por encima de los 3.000 pesos.

En paralelo al debate procesal, la bancada de Unión por la Patria formalizó un paquete de modificaciones al proyecto original. La propuesta opositora exige que el 40% de la flota inicial sea cero kilómetro —duplicando el 20% previsto por el Ejecutivo— y establece un plan de recambio obligatorio para que en cinco años todos los coches sean del año de inicio de concesión o posteriores. Además, plantearon abrir los datos de GPS para que los vecinos monitoreen en tiempo real la llegada de las unidades desde sus teléfonos, crear un comité de evaluación semestral de recorridos y frecuencias junto a la comunidad, y fijar de antemano la metodología tarifaria para la incorporación de colectivos a GNC, biodiésel o eléctricos.

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