Piden reabrir la investigación sobre la concesión y apartar a los fiscales de la causa
La asociación civil Mirada Ciudadana presentó un recurso ante el Juzgado de Garantías N° 6 para revocar la desestimación de la denuncia penal por la adjudicación del Parque de los Deportes. Cuestionaron la solvencia de la empresa Minella Stadium SA, señalaron cheques rechazados por más de $700 millones y reclamaron investigar la responsabilidad de funcionarios municipales y representantes de la firma.
El proceso de concesión del estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y los predios del Parque Municipal de los Deportes sumó una nueva presentación en los tribunales locales. La asociación civil Mirada Ciudadana acudió al Juzgado de Garantías N° 6 de Mar del Plata mediante un escrito de 58 páginas, con el patrocinio del abogado César Raúl Sivo y la firma de su referente César Ventimiglia, solicitando que se deje sin efecto el archivo de las actuaciones, se ordene la reapertura de la causa penal y se disponga el apartamiento de los fiscales intervinientes.
El planteo impugna la resolución dictada el 25 de septiembre por el fiscal general Fabián Fernández Garello, quien confirmó la desestimación que habían resuelto el 14 de agosto los fiscales Luis Alberto Ferreyra y Carlos David Bruna, a cargo de la UFI N° 10. La investigación se había originado a partir de una denuncia del fiscal federal Juan Manuel Pettigiani respecto a las condiciones en las que se adjudicaron los escenarios municipales a la firma Minella Stadium SA. Desde la entidad denunciante sostuvieron que el Ministerio Público Fiscal redujo de manera indebida los hechos a simples controversias contractuales, eludiendo la indagación de presuntas conductas tipificadas como fraude a la administración pública, cohecho, negociaciones incompatibles y omisión de los deberes de funcionario público.
Entre las observaciones centrales, el documento enfatiza las inconsistencias societarias y económicas de la adjudicataria, constituida formalmente pocos días antes de la aprobación del pliego. El escrito detalla que la firma brasileña Revee —presentada como respaldo de la oferta— comprometió aportes irrevocables por 40 millones de dólares que no habrían sido integrados en los términos previstos, a pesar de lo cual la Comisión de Preadjudicación otorgó a la empresa el puntaje máximo en un proceso que contó con un único oferente. Asimismo, los denunciantes apuntaron contra funcionarios comunales, mencionando al intendente Guillermo Montenegro y a directivos del Emder por presuntas modificaciones contractuales posteriores al pliego, tales como cláusulas de exclusividad comercial y acuerdos de prórroga que habrían beneficiado a la firma.
El recurso judicial hace hincapié en el deterioro financiero de la concesionaria, remarcando la existencia de cheques rechazados por falta de fondos por más de 700 millones de pesos, deudas con prestadores e interrupciones en el suministro energético de los complejos deportivos. A su vez, solicitaron rastrear la recaudación generada por los recitales y eventos masivos realizados en el Polideportivo —estimada en el escrito por encima de los 3.000 millones de pesos— frente a la escasa inversión verificable en obras de mantenimiento. En su tramo resolutivo, la presentación recusó a los fiscales por haber trabajado presuntamente sobre documentación incompleta y solicitó una audiencia oral para que el Juzgado de Garantías defina si reabre la pesquisa bajo la órbita de nuevos magistrados.
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