Este martes se llevará a cabo un paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que tendrá un alto índice de acatamiento en Mar del Plata. Los principales gremios bonaerenses del sector, como el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), respondieron al llamado.
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El gobierno de Javier Milei generó polémica al eliminar en sus comunicaciones oficiales la denominación «Día del Respeto a la Diversidad Cultural» para el feriado del 12 de octubre. Esta medida, establecida en 2010 por la expresidenta Cristina Kirchner, fue sustituida por el término «Día de la Raza» en la retórica de la administración libertaria, un gesto cargado de simbolismo que reaviva la grieta cultural en el país.
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La medición oficial indica una reducción de 6,5 puntos porcentuales respecto al período anterior, alcanzando a casi 15 millones de personas. El Gobierno celebra la mejora, mientras que voces críticas, incluyendo a trabajadores del INDEC y la UCA, alertan sobre interpretaciones «maliciosas» y una «sobrerrepresentación» de la caída.
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El Gobierno Nacional, a través de un anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, ha dispuesto la eliminación temporal de las retenciones a todos los granos, así como a las carnes avícola y bovina. La medida, que estará vigente de manera excepcional hasta el 31 de octubre, tiene como principal objetivo incentivar la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador y, de esta forma, reforzar las reservas del Banco Central en un contexto de incertidumbre cambiaria.
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En una medida que profundiza la tensión con el Congreso, el presidente Javier Milei vetó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia de la salud pediátrica. Los decretos, ya publicados en el Boletín Oficial, justifican la decisión con el repetido argumento fiscal de que «no se puede gastar más de lo que ingresa». Ambas leyes habían sido sancionadas por el Poder Legislativo con un amplio apoyo.
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El Gobierno nacional ha dado un nuevo paso en el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal que actualmente tiene a su cargo la concesión de la Ruta 226, que conecta Mar del Plata con Balcarce. La medida, que se enmarca en la Ley Bases, busca la disolución de la firma y la posterior licitación de los 6.000 kilómetros de rutas nacionales que administra.
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El ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, no se presentaron a un plenario de las Comisiones de Salud y Discapacidad de la Cámara de Diputados convocado para que dieran explicaciones sobre la presunta corrupción en el organismo. La ausencia de los funcionarios se sumó a la de los diputados de La Libertad Avanza, el PRO y parte del radicalismo, lo que generó indignación entre los presentes.
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Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) continúan su lucha ante lo que denuncian como un intento del Gobierno de avanzar con el despido de casi 300 empleados, a pesar de que el Congreso Nacional rechazó el decreto que apuntaba a desmantelar el organismo. Germán Gonaldi, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), afirmó que la resolución que busca reducir la planta de personal es «totalmente ilegal y está viciada de nulidad».
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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha rectificado una advertencia previa sobre un lote de tomate triturado de la marca Marolio, luego de que análisis exhaustivos demostraran que el producto no presenta ningún riesgo sanitario. La alerta inicial se había emitido por la supuesta presencia de gusanos en el lote L25114 (Vto. ABR 2027), tras una denuncia del municipio de Rojas.
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Un fallo judicial ha declarado inválido el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad que había sido sancionada por el Congreso Nacional. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó la resolución en respuesta a la presentación de los padres de dos niños con discapacidad, argumentando que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud, el cual debe prevalecer por sobre las consideraciones presupuestarias.
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