La Cámara de Diputados aprueba aumento jubilatorio y extensión de moratoria; el Gobierno anticipa veto
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general por una amplia mayoría proyectos impulsados por la oposición que disponen un incremento del 7,2% en los haberes jubilatorios, un aumento del bono complementario de 70 mil a 110 mil pesos y la extensión de la moratoria previsional por dos años. Estas iniciativas, que generaron un intenso debate, fueron rechazadas por el oficialismo y un sector de sus aliados, y el Gobierno nacional ya adelantó que ejercerá el veto presidencial al considerar que afectan el orden fiscal.
El aumento a las jubilaciones fue aprobado con 142 votos positivos contra 67 rechazos y 19 abstenciones. Contribuyeron con sus votos Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, la izquierda, Movimiento Popular Neuquino, Producción y Trabajo, algunos radicales, Transformación y Por Santa Cruz. En contra votaron La Libertad Avanza, los diputados del PRO que responden a Patricia Bullrich, los radicales «peluca» de la Liga del Interior y otros legisladores aliados al oficialismo. La votación de la moratoria, por su parte, resultó más ajustada, con 111 votos a favor contra 100 y 15 abstenciones. La extensión de la moratoria fue respaldada por Unión por la Patria, la izquierda y algunos bloques provinciales.
Desde el Gobierno, se anticipó el veto a estos proyectos jubilatorios y a la Ley de Emergencia en Discapacidad, argumentando que generarían un impacto fiscal de 12 mil millones de dólares, equivalente al 1,8% del PBI. El dictamen de mayoría aprobado establece que el 7,2% de aumento se incorporará al haber mensual y servirá de base para futuros incrementos, además de fijar el bono complementario en 110 mil pesos para el haber mínimo, que se actualizará por inflación. El proyecto también ratificó el decreto presidencial 274/2024, que establece la actualización de jubilaciones y pensiones por el índice inflacionario.
Para financiar el aumento, a propuesta del diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal), se incorporaron artículos que proponen la derogación de la exención del IVA a directores de empresas y del impuesto a las ganancias a sociedades de garantías recíprocas, así como la readecuación de partidas para utilizar 32.616 millones de pesos correspondientes a la SIDE. También se contempla el uso del ahorro por la baja de tasa del FMI y la nacionalización de recursos de los registros del automotor. En cuanto a las cajas jubilatorias provinciales, el proyecto dispone que la Anses transfiera un anticipo mensual equivalente a una doceava parte del último año antes del 20 de cada mes a las provincias que no cedieron sus cajas previsionales a la Nación.
La diputada Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) abrió el debate destacando que el 7,2% busca compensar la inflación de enero de 2024, para «recomponer el primer gran ajuste que se hizo cuando se devaluó el peso argentino de manera arbitraria en 118%». Por su parte, el diputado Álvaro Martínez (La Libertad Avanza) calificó los proyectos como «una estafa a los jubilados» y pidió especificar de dónde saldrán los recursos. Desde el radicalismo, Lisandro Nieri sostuvo que en un «país normal» se discute el presupuesto y no el gasto por partes, y defendió una actualización de haberes con recursos del superávit y reducción del gasto tributario. Juan Manuel López de la Coalición Cívica, aunque defendió la necesidad de aumentar las jubilaciones, dijo que no votaría una moratoria previsional y lamentó la imposibilidad de diálogo con el Gobierno.
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