Discapacidad en emergencia: prestadores y familias se movilizan al Palacio Municipal por deudas en los pagos
La Asociación Civil de Servicios para la Discapacidad y la Inclusión (AsPREDIs) convocó a una concentración este jueves a las 11:30 horas frente a la comuna. Reclaman la regularización inmediata de las prestaciones adeudadas por parte de obras sociales, prepagas y organismos estatales ante una crisis que pone en riesgo la continuidad del sector.
Prestadores de servicios de atención a personas con discapacidad, directivos de instituciones, transportistas, usuarios y familiares llevarán a cabo este jueves 27 de agosto una movilización frente a la sede de la Municipalidad de General Pueyrredon. La jornada de protesta, convocada a partir de las 11:30 horas por la Asociación Civil de Servicios para la Discapacidad y la Inclusión (AsPREDIs), busca visibilizar la crítica situación financiera que atraviesa el sector debido a demoras acumuladas de varios meses en la liquidación de las prestaciones brindadas.
Desde la entidad organizadora señalaron que los profesionales y centros de atención continúan garantizando los tratamientos y asumiendo los costos operativos cotidianos sin percibir los honorarios correspondientes en tiempo y forma. Ante la falta de resoluciones institucionales, la convocatoria extendió un reclamo directo a las autoridades del Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud de la Nación, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la Superintendencia de Servicios de Salud y a las distintas obras sociales y empresas de medicina prepaga para que regularicen las partidas financieras asignadas al sistema.
El sector advirtió que la cadena de incumplimientos en los pagos comenzó afectando a prestatarias como PAMI y al programa federal Incluir Salud, extendiéndose progresivamente a las obras sociales y entidades privadas alcanzadas por el mecanismo de integración de la Superintendencia de Servicios de Salud. En ese marco, los convocantes recalcaron que, pese a la existencia de un marco de emergencia legal para el área, la falta de acreditación de haberes asfixia a los prestadores y compromete de forma directa los derechos adquiridos y la continuidad de las terapias y servicios esenciales para las personas con discapacidad en la ciudad.
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