Acusan a la gestión municipal por abuso de autoridad y violencia institucional

Una nueva denuncia penal contra funcionarios municipales pone en evidencia presuntas prácticas de violencia institucional y abuso de autoridad contra personas en situación de calle en General Pueyrredón. Vecinos y organizaciones reclaman mayor atención y políticas públicas efectivas para evitar episodios que vulneran derechos fundamentales.

Durante la madrugada más fría en lo que va del año, un hombre en situación de calle falleció en el barrio Don Bosco. El hecho desató el rechazo de vecinos que señalaron directamente a la Patrulla Municipal por su accionar. La comunidad expresó su malestar ante lo que consideran una falta de respuestas eficaces y una política centrada más en el control que en la asistencia, lo que volvió a exponer tensiones entre el Estado y los sectores más vulnerables.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social se informó que el Operativo Frío ya se encuentra en funcionamiento. Este programa busca brindar refugio, alimentación y abrigo nocturno a personas sin techo, e incluye, en los casos en que alguien no pueda o no desee acudir a un parador, la entrega de frazadas, ropa de abrigo y comida caliente.

Sin embargo, vecinos denunciaron que la Patrulla Municipal solía golpear al hombre fallecido y quitarle las frazadas con las que intentaba resguardarse. La situación generó nuevos cuestionamientos sobre la coherencia entre las políticas de asistencia social y los operativos de control desplegados en el espacio público para proteger la integridad y la propiedad de los vecinos, frente a personas que el intendente clasificó como “okupas de la vía pública”.

En este contexto, se presentó una denuncia penal contra el intendente Guillermo Montenegro y la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, para que se investigue la posible comisión de los delitos de homicidio, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Esta presentación se suma a al menos cinco investigaciones penales abiertas que involucran a la Patrulla Municipal y a la gestión local, impulsadas por organizaciones que defienden los derechos humanos.

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