Gobierno nacional reconoce el mal estado de las rutas pero priorizaran la macroeconomía
La tensión entre el Gobierno nacional y las provincias por la paralización de obras públicas y la caída de la recaudación se intensifica. Mientras Casa Rosada afirmó que, si bien dialogará con los gobernadores sobre sus reclamos por la merma en los ingresos, considera «no viables» los proyectos que buscan coparticipar Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles, argumentando una transferencia de casi dos puntos del PBI, la Justicia y los mandatarios provinciales redoblan la presión por el deterioro de las rutas nacionales. El Gobierno insiste en que «primero hay que resolver la macroeconomía para luego actuar sobre las obras viales».
En Formosa, el Juzgado Federal Nº1 hizo lugar a una medida cautelar impulsada por la Fundación «Padres Unidos por el Dolor», el Sindicato de Camioneros y la Asociación de Transportadores de Hacienda. La Justicia ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) realizar obras urgentes en las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95 en un plazo de 90 días, incluyendo bacheo, sellado de grietas y limpieza de banquinas en tramos críticos como el Puente Blanco, cuya estructura representa un riesgo. La decisión judicial subraya que la paralización del mantenimiento por parte del gobierno de Javier Milei «pone en riesgo la vida, el trabajo y otros derechos fundamentales con la sola excusa de ahorrar dinero, como si las personas solo fueran números». El fallo advierte que el abandono de las rutas nacionales provoca un impedimento en el tránsito y pone en riesgo derechos como la vida, el trabajo, la salud, la educación, la propiedad y la seguridad vial, afectando la economía local.
En sintonía con estos reclamos, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció que presentará una medida cautelar ante la Justicia Federal para que la Nación se haga cargo del mantenimiento de las rutas, específicamente las rutas provinciales 151 y nacional 22. Weretilneck denunció que «no hay una sola provincia en la cual haya obras del Estado nacional» y que el nivel de deterioro es «enorme», afectando la conectividad, la logística, el comercio, el turismo y la producción en zonas vitales como las petroleras.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, denunció el «mal estado» de la ruta nacional 33 y el corredor vial N° 11, entre otras arterias. Enrico graficó el deterioro como «la vergüenza nacional más grande que tiene esta región» y responsabilizó directamente al Gobierno nacional, señalando que «no les interesa, no está en sus prioridades» el mantenimiento vial, incluso desoyendo fallos judiciales. El ministro santafesino advirtió que la «desidia» oficial podría derivar en una causa penal por incumplimiento de deberes vinculados al mantenimiento de infraestructura nacional, calificando la situación de «criminal».
Mientras tanto, en Casa Rosada, se indicó que se busca «unificar dependencias, unificar funciones» en el área de Vialidad para eliminar organismos que duplican tareas, aunque aún no se ha definido si Vialidad Nacional se disuelve o pasa bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas.
#ObraPública #RutasNacionales #ReclamosProvinciales