Rutas nacionales: privatizan la Ruta 226 y el Gobierno adjudicó su concesión por 20 años
El Gobierno nacional oficializó este sábado la adjudicación de dos sectores clave de la red vial nacional por un plazo de 20 años bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía, convalida el proceso de privatización de la empresa Corredores Viales S.A., iniciado bajo el marco normativo de la Ley de Bases. De esta manera, las firmas seleccionadas asumirán la facultad de realizar tareas de construcción, administración, reparación, conservación y prestación de servicios al usuario en los corredores asignados.
Para el denominado «Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur», el consorcio integrado por las firmas Concret Nor S.A., Marcalba S.A., Pose S.A. y la marplatense Coarco S.A. resultó ganador del concurso público al presentar una oferta con una tarifa base de $997 (sin IVA). Este sector incluye el corredor «Atlántico», conformado por la Ruta Nacional 226, la cual se inicia en el kilómetro 0 en Mar del Plata (en su intersección con la Ruta 2) y se extiende hasta el kilómetro 404,32 en Bolívar, atravesando ciudades neurálgicas para la producción y el turismo regional como Balcarce, Tandil, Azul y Olavarría.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ponderó el resultado de la licitación al señalar que son más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales los que pasarán a operar bajo un esquema con inversión 100% privada y «cero subsidios» por parte del Estado nacional. Según el dictamen de la Comisión Evaluadora, las propuestas seleccionadas no solo cumplieron rigurosamente con las condiciones técnicas exigidas en los pliegos, sino que resultaron económicamente las más convenientes para el interés público en términos de eficiencia fiscal y sostenibilidad.
Sin embargo, la medida se ratificó en medio de un severo conflicto político y legal con la administración bonaerense. La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), presentó una impugnación formal tras haber sido excluida de la compulsa. Desde el Gobierno provincial denunciaron una flagrante falta de transparencia en el proceso licitatorio, calificaron la resolución de la administración central como un presunto «negociado» y solicitaron de manera urgente la intervención de la Defensoría del Pueblo para frenar el traspaso del corredor vial.
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